Todo parece apuntar a que en Jalisco la Norma Oficial 046 no se aplicará, lo cual es un “logro” para todas aquellas personas que consideran que la interrupción del embarazo, va contra sus creencias religiosas, incluso en el caso de ser agredidas sexualmente, las mujeres las pobres no podrán abortar de manera gratuita en los centros de salud, como lo señala la norma.
Pero no nos confundamos, esto no significa que las mujeres violadas no puedan abortar, solo no podrán hacerlo de forma gratuita, ya que las que cuenten con dinero podrán realizar esta misma práctica en una institución privada y mediante el pago por el “servicio”.
Lo que lleva a la insistente queja sobre la inequidad de derechos que ahora no sólo podrá ser de factor, si no además legal. El problema aquí no es el religioso, aunque es la fachada de este nuevo embate de la derecha para justificar sus acciones, si no la cuestión económica, las leyes obligaran a las mujeres de escasos recursos a tener el hijo, aún en caso de violación o someterse a un aborto clandestino que pone en riesgo sus vidas. Mientras los sectores que puedan pagarlo podrán hacer uso de métodos seguros e higiénicos, demostrando una vez más que en este estado lo que pesa no es la religión católica y su defensa de la vida, sino los privilegios de clase y el dinero disfrazados de mochería y doble moral.
Falta aún averiguar como vamos a regular que los abortos realizados en estas clínicas privadas correspondan con los reportados a la secretaria de salud y que sean producto de violación y no producto de una “compensación económica” de esas que son tan comunes en este país.
Pero no nos confundamos, esto no significa que las mujeres violadas no puedan abortar, solo no podrán hacerlo de forma gratuita, ya que las que cuenten con dinero podrán realizar esta misma práctica en una institución privada y mediante el pago por el “servicio”.
Lo que lleva a la insistente queja sobre la inequidad de derechos que ahora no sólo podrá ser de factor, si no además legal. El problema aquí no es el religioso, aunque es la fachada de este nuevo embate de la derecha para justificar sus acciones, si no la cuestión económica, las leyes obligaran a las mujeres de escasos recursos a tener el hijo, aún en caso de violación o someterse a un aborto clandestino que pone en riesgo sus vidas. Mientras los sectores que puedan pagarlo podrán hacer uso de métodos seguros e higiénicos, demostrando una vez más que en este estado lo que pesa no es la religión católica y su defensa de la vida, sino los privilegios de clase y el dinero disfrazados de mochería y doble moral.
Falta aún averiguar como vamos a regular que los abortos realizados en estas clínicas privadas correspondan con los reportados a la secretaria de salud y que sean producto de violación y no producto de una “compensación económica” de esas que son tan comunes en este país.
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